🔸 La resolución judicial incluyó prisión y una multa económica por uso de documento público falso.
#DURANGO | Una mujer identificada como Patricia “N” fue sentenciada a dos años y ocho meses de prisión por el delito de uso de documento público falso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara ante un juez federal su participación en la presentación de una licencia médica apócrifa en Durango.
De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, la resolución fue emitida mediante procedimiento abreviado, después de que el agente del Ministerio Público de la Federación presentara las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de la imputada.
Las investigaciones establecieron que Patricia “N” presentó una licencia médica presuntamente expedida por una institución de seguridad social en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 14, conocido como CPS Durango.
Según la carpeta de investigación, el documento señalaba que un supuesto médico había otorgado 21 días de incapacidad laboral por un esguince de tobillo, situación que inicialmente fue reportada como válida dentro del trámite correspondiente.
Sin embargo, al realizar las verificaciones oficiales, la institución de seguridad social consultada informó que no existía registro de dicha licencia médica, por lo que se determinó que el documento presentado carecía de autenticidad.
A partir de esos hallazgos, el Ministerio Público de la Federación ordenó la realización de dictámenes periciales e informes de investigación criminal, elementos que fueron incorporados a la carpeta de investigación para sustentar la acusación ante la autoridad judicial.
Con los datos de prueba obtenidos, un juez de Control concedió una orden de aprehensión contra Patricia “N”, la cual fue ejecutada posteriormente. Tras su detención, la imputada fue presentada ante la autoridad jurisdiccional y vinculada a proceso.
Finalmente, durante la audiencia de procedimiento abreviado, una jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón, dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión, además del pago de 133 Unidades de Medida y Actualización (UMA) como sanción económica.
La resolución judicial puso fin al proceso penal derivado de la utilización de documentación falsa ante una institución federal, conducta que se encuentra sancionada por la legislación vigente en materia de delitos federales.
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