La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a los partidos políticos a evitar trampas y fraudes en los comicios del próximo 2 de junio.
Exhortamos a los partidos políticos demostrar su talante democrático y su civilidad evitando la tentación, presente todavía, de moverse al margen de la ley y de la ética política mínima, que dan soporte a la seriedad de sus propuestas.
Para nadie es conveniente ganar como fruto de trampas y fraudes hechos con conocimiento de causa. Todos los partidos políticos, los candidatos y ciudadanos deben rechazar las prácticas ilegales para no manchar el proceso y poner en riesgo los resultados. Es importante, en la democracia, saber ganar y saber perder, y el talante democrático de los contendientes queda de manifiesto al momento de reconocer los resultados”, expresó en un comunicado.
Los obispos enviaron un mensaje similar a quienes están por concluir sus responsabilidades en la administración pública.
Lo mismo vale para las autoridades civiles que están próximos a dejar sus cargos: que no interfieran indebidamente violando la ley, manchando su imagen por el resto de la historia”.
En el caso de las autoridades civiles, la petición consistió en que deben cuidar del crimen organizado a los ciudadanos y a los candidatos.
Hay grupos delincuenciales que intentan influir en el proceso electoral con amenazas, con violencia e incluso con asesinatos, buscando sus intereses ilegítimos. De nada sirve una exhortación para que se abstengan de sus acciones ruines, son palabras que caen al vacío. Lo único que los detiene es el imperio del Estado de derecho que deben procurar las autoridades civiles”, sentenció.
El posicionamiento de los religiosos también contempló a las Fuerzas Armadas y el mensaje para ellas fue que sean lo que siempre han sido: parte del pueblo y que trabajen en favor de la construcción de la seguridad nacional y la paz social.
Les pidieron también estar a la altura, colocarse “del lado correcto de la historia” y, de paso, recordaron al Ejército, Marina y Guardia Nacional que “el cumplimiento de la legalidad y la conservación de la paz social en este proceso dependen, en parte, de esta institución nacional, como última instancia para limitar las acciones de quienes no acepten los resultados”.
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